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Tribunal Supremo define cuando el inter茅s de la Tarjeta Revolving es abusivo

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El Tribunal Supremo acaba de fijar el criterio para determinar si un contrato de Tarjeta de Cr茅dito en la modalidad Revolving fija un inter茅s notablemente superior al normal o es usurario. Estamos ante la sentencia de la de lo Civil PLENO (Sentencia n煤mero 258/2023 de 15 de febrero). Recurso de Casaci贸n n煤mero 5790/2019. Ponente: Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

El inter茅s pactado se considera notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado en el contrato, supera los 6 puntos porcentuales.

Para identificar cual es el inter茅s normal de mercado para tarjetas revolving contratadas en la primera d茅cada de este siglo, hay que acudir a la informaci贸n m谩s pr贸xima en el tiempo que es la desglosada por el Banco de Espa帽a en 2010.

En el caso concreto que se analiza en la sentencia en cuesti贸n, el tipo medio de inter茅s al tiempo de la contrataci贸n era ligeramente superior al 20% y el inter茅s pactado (23,9% TAE) no supera los 6 puntos, por lo que la resoluci贸n judicial no lo considera notablemente superior ni usurario.

Estamos ante el caso de un consumidor que suscribi贸 en mayo de 2002 un contrato de tarjeta de cr茅dito Visa, modalidad revolving, con Barclays Bank y bajo un inter茅s remunerado del 23,9% TAE y por ese motivo, la sentencia no lo considera notablemente superior al de mercado ni tampoco inter茅s usurario.

Una d茅cada despu茅s, la entidad financiera cedi贸 su cr茅dito a Estrella Receivable (un fondo intermediario que compra deudas a otras entidades) y esta demand贸 al titular de la tarjeta reclamando el importe de lo adeudado.

El Juzgado de Primera Instancia N煤mero 3 de Huelva desestim贸 la demanda y declar贸 el car谩cter usurario del inter茅s pactado por ser notablemente superior al inter茅s medio de los pr茅stamos al consumo. Tras ello, la Audiencia Provincial de Huelva estima en parte el recurso de apelaci贸n planteado por el fondo y rechaz贸 la idoneidad de los tipos medios de los pr茅stamos al consumo para realizar la comparaci贸n al tratarse de una tarjeta de cr茅dito, y consider贸 acreditado que el inter茅s usual en este tipo de contratos en 2012 era del 20,90% o superior.

Acompa帽amos la sentencia del Tribunal Supremo para su lectura.

Si tiene usted contratada una tarjeta VISA revolving y cree que le est谩n cobrando intereses abusivos, llamen al +34 607 746 596 y buscaremos la soluci贸n a su problema.

Es legal la grabaci贸n de la conversaci贸n entre acosado o maltrado y el acosado o maltratado y el acosador o maltratador

DENUNCIA DE SITUACIONES DE ACOSO O DE MALOS TRATOS

Entienden el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que no ataca el Derecho a la Intimidad ni al Secreto de las Comunicaciones.

RELACI脫N DE SENTENCIAS

STS de 11/03/2003 n.潞 2190/2002. entendi贸 que no ataca el derecho a la intimidad, ni al secreto a las comunicaciones, la grabaci贸n subrepticia de una conversaci贸n entre cuatro personas, realizada por una de ellas.

STS 2/98 de 29 de julio, dictada en causa especial 2530/95. Consider贸 que tampoco vulneran tales derechos fundamentales las grabaciones magnetof贸nicas realizadas por particulares de conversaciones telef贸nicas mantenidas con terceras personas, ya que el secreto de las comunicaciones se refiere esencialmente a la protecci贸n de los ciudadanos frente al Estado禄.

STS 20/02/2006

STS 28/10/2009 n潞 1051/2009

STS 25/05/2004 n潞 684/2004

STC 56/2003 de 24 de marzo. Insiste en ese entendimiento del contenido material del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, excluyendo toda lesi贸n de relevancia constitucional derivada de la grabaci贸n y ulterior utilizaci贸n en juicio de lo grabado por uno de los interlocutores. Esta doctrina ha sido asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un nutrido grupo de sentencias:

STS 2008/2006 de 2 de febrero

STS 682/2011 de 24 de junio

Se alega que la grabaci贸n de la conversaci贸n mantenida entre v铆ctima y acusado ha sido obtenida con vulneraci贸n de derechos fundamentales dado que uno de los interlocutores desconoc铆a que estaba siendo grabada, por lo que no tuvo opci贸n de impedir dicha grabaci贸n, proteger su intimidad y hacer valer su derecho al secreto de las comunicaciones.

La jurisprudencia ha se帽alado que la grabaci贸n que un particular haga de sus propias conversaciones, telef贸nicas o de otra 铆ndole, no suponen el atentado al secreto de las comunicaciones (STS 20-2-2006; STS 28-10-2009, n.潞 1051/2009). E igualmente ha precisado la STS 25-5-2004, n.潞 684/2004 que las cintas grabadas no infringen ning煤n derecho, en particular el Art. 18-3 CE debiendo distinguir entre grabar una conversaci贸n de otros y grabar una conversaci贸n con otros. Pues no constituye violaci贸n de ning煤n secreto la grabaci贸n de un mensaje emitido por otro cuando uno de los comunicantes quiere que se perpet煤e.

EN ESTE SENTIDO, SI USTED TIENE UNA CONVERSACI脫N GRABADA EN LA QUE USTED INTERACT脷A CON SU AGRESOR O MALTRATADOR Y QUE DEMUESTRA ESE HECHO DELICTIVO DE MALTRATO O VIOLENCIA, ENTIENDO QUE PUEDE UTILIZAR DICHA GRABACI脫N COMO PRUEBA EN UN JUICIO PENAL.

La STS -2.陋- en sentencia n.潞 652/2016, de 15 de julio destaca la DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE INTERVENCI脫N DE CONVERSACIONES ENTRE PARTICULARES, con especial menci贸n a la STS -2.陋- N潞 421/14, de 16 de mayo y otras del Tribunal Constitucional, que se pueden resumir en los siguientes postulados:

– La grabaci贸n subrepticia de una conversaci贸n estrictamente privada por uno de los interlocutores no vulnera el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones (a diferencia de las realizadas por terceros que interfieren la conversaci贸n de otros, salvo que medie autorizaci贸n judicial).

– Tampoco vulnera el derecho a la intimidad, salvo casos excepcionales en el que el contenido de la conversaci贸n afecta al n煤cleo m谩s 铆ntimo personal o familiar de uno de los interlocutores.

– No vulnera el derecho fundamental a no declarar contra s铆 mismo y a no confesarse culpable cuando la conversaci贸n grabada pone de manifiesto un hecho delictivo en s铆 mismo, siempre que se haya realizado de forma espont谩nea, sin maniobras ni argucias ya que, en este caso tambi茅n resultar铆a afectado el derecho a un proceso con todas las garant铆as esta grabaci贸n puede ser utilizada como noticia criminis para investigar este delito.

– Si en la grabaci贸n uno de los interlocutores reconoce un hecho delictivo cometido en el pasado esta grabaci贸n puede ser utilizada como noticia criminis para investigar este delito.

– Se vulnera el derecho a no declarar contra s铆 mismo y a no confesarse culpable, siendo la grabaci贸n nula como medio de prueba, si se realiza desde una posici贸n de superioridad institucional (agentes de la autoridad o superiores jer谩rquicos) para obtener una confesi贸n extraprocesal arrancada mediante enga帽o, salvo que la grabaci贸n estuviera autorizada por la autoridad judicial conforme a los arts. 588 y ss., de la LECrim.

– Las manifestaciones realizadas por el inculpado en estas grabaciones no pueden considerarse como confesi贸n de los hechos a los que se refieren. En este caso, puede utilizarse como medio de prueba directa del delito que se reproduce en la grabaci贸n y como refuerzo de la declaraci贸n testifical de quien la aporta siempre que no haya sido manipulada.

En Madrid a 01 de febrero de 2022

Abel D铆az del R铆o y Cam贸n

Abogado

ICAM: 55.114

Testamento Olografo para Momentos de Pandemia

Cuando no sea posible acudir a la notaria, por ejemplo, 鈥渆n caso de epidemia o enfermedad grave el testador puede igualmente otorgar el testamento sin intervenci贸n de Notario y ante tres testigos mayores de diecis茅is a帽os鈥, siempre que la persona tenga capacidad. La capacidad, se presume en base al art铆culo 662 del C贸digo Civil. Es el llamado TESTAMENTO OLOGRAFO (escrito).

El Testamento hay que redactarlo por escrito.

Los testigos deben conocer al testador y confirmar que tiene capacidad.

No pueden serlo: los herederos o legatarios, sus c贸nyuges, ni parientes de aquellos hasta el cuatro grado de consanguineidad, o el segundo grado de afinidad o personas no capaces, sordos mudos, los que no entiendan, etc.

Hay que tener en cuenta:

– el testamento ol贸grafo quedar谩 ineficaz 鈥渟i pasaren dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia, s铆 no se acude al Notario competente para que lo eleve a escritura p煤blica.

– Cuando el testador falleciere en dicho plazo, tambi茅n quedar谩 tambi茅n ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al Notario competente para que lo eleve a escritura p煤blica, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente.

驴Como solicitar una Moratoria en el Pago de tu Deuda Hipotecaria?

驴COMO PUEDO SOLICITAR A MI ENTIDAD BANCARIA UNA MORATORIA EN LA DEUDA HIOTECARIA?

La posibilidad viene regulada en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo.

I.- 脕mbito de aplicaci贸n. Requisitos.

  • Deudas hipotecarias para la adquisici贸n de vivienda habitual,
  • Deudas hipotecarias derivadas de inmuebles afectos a la actividad econ贸mica que desarrollen empresarios y profesionales,
  • Deudas derivadas de viviendas distintas de la habitual, en situaci贸n de alquiler.

Las mismas medidas se aplican igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor.

El empresario o profesional deber谩 padecer extraordinarias dificultades para atender al pago de su hipoteca, como consecuencia de la actual crisis y encontrarse e situaci贸n de vulnerabilidad.

El solicitante ser谩 considerado empresario o profesional si cumple las condiciones del Art铆culo 5 de la Ley 37/1992 del IVA.

Las condiciones para que el empresario o aut贸nomo pueda ser considerado en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica, vienen descritas en el Art铆culo 9 del RDL 8/2020 de 17 de marzo.

Al mismo tiempo se indica cuando se considera que se ha producido una ca铆da sustancial de las ventas, todo ello computado por unidad familiar.

II.- Documentaci贸n que se tiene que presentar para solicitar la moratoria.

a) En caso de situaci贸n legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuant铆a mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado de la Agencia Estatal de la Administraci贸n Tributaria o del 脫rgano competente de la Comunidad Aut贸noma, sobre la base de la declaraci贸n de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Con el objeto de acreditar el N煤mero de personas que habitan la vivienda:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentaci贸n de los documentos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaraci贸n de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Con el objeto de documentar la titularidad del inmueble:

i. Nota simple del servicio de 铆ndices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

ii. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesi贸n del pr茅stamo con garant铆a hipotecaria.

e) Declaraci贸n Responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos econ贸micos suficientes.

III.- Plazo de solicitud.

Se puede presentar la solicitud hasta quince d铆as despu茅s del fin de vigencia del Real decreto-ley 8/2020. Los deudores acompa帽ar谩n, junto a la solicitud de moratoria, la documentaci贸n prevista en el Art铆culo 17 del Real Decreto-Ley 11/2020. Una vez presentada la solicitud de la moratoria, la entidad acreedora debe proceder a su implementaci贸n en un plazo m谩ximo de 15 d铆as.

IV. Efectos de la Moratoria.

  • Suspensi贸n de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses.
  • Inaplicaci贸n durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cl谩usula de vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de pr茅stamo con garant铆a hipotecaria.
  • La duraci贸n de la suspensi贸n puede ser ampliada por Acuerdo del Consejo de Ministros.
  • Durante el periodo de vigencia de la moratoria a la que se refiere el presente cap铆tulo la entidad acreedora no podr谩 exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortizaci贸n del capital o pago de intereses), ni 铆ntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengar谩n intereses.

V. Formalizaci贸n en Escritura P煤blica.

La Moratoria Hipotecaria tiene que formalizarse en escritura p煤blica e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalizaci贸n e inscripci贸n de la moratoria hipotecaria y de la formalizaci贸n e inscripci贸n de la novaci贸n del pr茅stamo hipotecario, son satisfechos por el acreedor y se bonificar谩n en un 50 por ciento.

A pesar de ello, durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podr谩n formalizarse las escrituras p煤blicas a las que se hace referencia. Una vez que se haya podido formalizar la misma, se remitir谩 por el notario autorizante al Registro de la Propiedad, a trav茅s de cualesquiera medios de presentaci贸n que permite la Ley hipotecaria.

Todos estos tramites vienen regulados en las siguientes disposiciones:

Art铆culos 7 a 16 TER del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.聽https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Art铆culo 19 del Real Decreto-Ley 11/2020.聽https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf

Medidas adoptadas en el Estado de Alarma en relaci贸n con los Arrendamientos para Uso Distinto del de Vivienda

Recientemente ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom铆a y el empleo, que tienen como finalidad responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongaci贸n de la situaci贸n excepcional ocasionada por la crisis sanitaria, mediante un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y ampl铆a las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.

Voy a resumir en el presente estudio, las MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR LOS COSTES OPERATIVOS DE PYMES Y AUT脫NOMOS EN RELACI脫N CON LOS ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA

Voy a dividir este estudio en 3 grandes bloques:

I.- Arrendamientos para uso distinto del de vivienda cuando los Arrendadores son Grandes Tenedores, Empresas o Entidades P煤blicas.

II.- Arrendamientos para uso distinto de vivienda con arrendador persona f铆sica o jur铆dica.

III.- Requisitos de Aut贸nomos y Pymes para acceder a la moratoria.

I.- ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA CUANDO LOS ARRENDADORES SON GRANDES TENEDORES, EMPRESAS O ENTIDADES P脷BLICAS.

Plazo para solicitar la moratoria. La persona f铆sica o jur铆dica arrendataria puede solicitar de la persona arrendadora, cuando 茅sta sea una empresa o entidad p煤blica de vivienda, o un gran tenedor, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Duraci贸n M谩xima de la moratoria: 4 meses.
Condiciones: Renta aplazada sin penalizaci贸n, ni devengo de intereses. Fraccionamiento posterior del pago de la renta aplazada, en cuotas durante un plazo m谩ximo de 2 a帽os: desde que se supere la situaci贸n de crisis sanitaria, desde la finalizaci贸n del periodo de los 4 meses y siempre dentro del per铆odo de vigencia del contrato o de sus pr贸rrogas.

II.- ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA CON ARRENDADOR PERSONA F脥SICA y ARRENDATARIO PERSONA F脥SICA O JUR脥DICA.

– Las partes pueden disponer de la Fianza para el pago de la renta (1 贸 varias mensualidades).
– En el caso de disponerse de ella, total o parcialmente, el arrendatario tiene luego que reponerla en el plazo de 1 a帽o desde el acuerdo, o en el plazo que reste de vigencia del contrato, si este fuera inferior al a帽o.

III.- REQUISITOS DE AUT脫NOMOS Y PYMES PARA ACCEDER A LA MORATORIA.

A.- Arrendamiento de Inmuebles afectos a la actividad econ贸mica desarrollada por el aut贸nomo.

a. Estar afiliado y en alta, en la fecha de declaraci贸n del Estado de Alarma, en el r茅gimen de aut贸nomos, en el r茅gimen especial de trabajadores del mar o, en su caso, en una de las mutualidades sustitutorias del RETA.
b. La actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la declaraci贸n del estado de alarma.
c. Acreditar una reducci贸n en la facturaci贸n en, al menos, un 75%, en relaci贸n con la facturaci贸n media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes, referido al a帽o anterior.

B.- Arrendamiento de inmuebles afectos a la actividad econ贸mica desarrollada por una Pyme

a. No se superen los limites establecidos en el Art铆culo 257.1 del RDL 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
b. La actividad haya quedado suspendida por el Estado de Alarma o por orden de la autoridad competente.
c. En el supuesto de que la actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la declaraci贸n del Estado de Alarma, se deber谩 acreditar la reducci贸n de la facturaci贸n como consecuencia de la declaraci贸n del Estado de Alarma, una reducci贸n de la facturaci贸n del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento, al menos en un 75%, en relaci贸n con la facturaci贸n media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes, referida al a帽o anterior.

El Real Decreto Ley esta publicado en el BOE n潞 112 de 22 de abril de 2020, p谩ginas 29.473.

驴C贸mo se constituyen los fondos de viviendas para alquiler social?

Dentro del聽聽Nuevo Plan Estatal 2018-2021

El programa se articula, mediante con la constituci贸n por las entidades de cr茅dito, como propietarias de viviendas disponibles, de fondos de viviendas para alquiler social. A estos fondos se pueden incorporar tambi茅n viviendas de otros propietarios.

Las entidades de cr茅dito adscribir谩n a estos fondos, mediante convenio marco suscrito con el Ministerio de Fomento, las viviendas de su propiedad que tengan desocupadas y disponibles, para ser puestas a disposici贸n de quienes sean objeto de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual y se encuentren en situaci贸n de especial vulnerabilidad. Este convenio marco recoger谩 las caracter铆sticas de las viviendas objeto de adscripci贸n.

Las entidades de cr茅dito podr谩n suscribir convenios espec铆ficos con las Comunidades Aut贸nomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, siempre suscritos tambi茅n por el Ministerio de Fomento, en los que se concreten las condiciones y la colaboraci贸n con estas Administraciones para el objeto del programa, respetando las condiciones del convenio marco.

Estos convenios espec铆ficos regular谩n, como m铆nimo, el compromiso de puesta a disposici贸n del fondo de viviendas entre las entidades de cr茅dito y la Comunidad Aut贸noma o Ciudad de Ceuta y Melilla conforme a la relaci贸n jur铆dica que se determine, las caracter铆sticas del alquiler asequible para los beneficiarios del programa con determinaci贸n expresa de la renta o intervalo de renta del alquiler, y la propia comisi贸n de seguimiento.

Los fondos de viviendas para alquiler social, se constituir谩n por las viviendas aportadas por las entidades de cr茅dito u otros propietarios en tanto se adhieran voluntariamente a este programa.

Entre el beneficiario y la Comunidad Aut贸noma o Ciudad de Ceuta o Melilla acordar谩n la renta que deber谩 ser igual o inferior a 400 euros al mes, en funci贸n de datos objetivos, tales como superficie y n煤mero de habitaciones, antig眉edad o ubicaci贸n.

Las viviendas puestas a disposici贸n de las personas en situaci贸n de lanzamiento o desahucio, incorporadas a estos fondos por las entidades de cr茅dito, deber谩n de cumplir con los requisitos siguientes:

a) Ser viviendas en propiedad de las entidades de cr茅dito, directamente, o a trav茅s de sociedades participadas por ellas, o aportadas a una fundaci贸n creada para finalidad compatible.

b) Hallarse en condiciones de habitabilidad para su uso inmediato o, en su defecto, hallarse en condiciones de f谩cil adecuaci贸n para que re煤nan los requisitos de habitabilidad.

Funcionamiento de los fondos de viviendas para alquiler social

Cuando se haya acordado, o sea inminente, el lanzamiento o desahucio efectivo de una vivienda que sea el domicilio habitual y permanente de una persona o unidad de convivencia que carezca de otro domicilio alternativo y que se encuentre en una situaci贸n de especial vulnerabilidad que le impida acceder a otra vivienda, y as铆 se acredite mediante informe de los servicios sociales municipales o auton贸micos correspondientes, el 贸rgano auton贸mico o local competente para la gesti贸n de las viviendas incorporadas a estos fondos ofrecer谩, a quien vaya a ser objeto de lanzamiento o desahucio una vivienda alternativa de entre las aportadas por las entidades de cr茅dito al fondo de viviendas para alquiler social, vivienda que reunir谩 los requisitos adecuados en cuanto a superficie, ubicaci贸n y accesibilidad. Para la formalizaci贸n de esta oferta se requerir谩 el previo informe de los servicios sociales correspondientes.

El correspondiente contrato de alquiler se firmar谩 por un plazo de tres a帽os.

En el contrato se fijar谩 el precio del arrendamiento, que ser谩 igual o inferior a 400 euros mensuales, precio que se determinar谩 de com煤n acuerdo entre el 贸rgano gestor y el beneficiario, a partir de la estimaci贸n inicial realizada con ocasi贸n de la inclusi贸n de la vivienda en el fondo.

Igualmente, se especificar谩 en el contrato, el importe de la ayuda o subvenci贸n p煤blica a recibir con cargo a este programa, que ser谩 de hasta el 100% de la renta de alquiler.

A tal efecto, la Comunidad Aut贸noma correspondiente, habr谩 resuelto previamente la concesi贸n de la subvenci贸n por un importe de hasta el 100 % de la renta de alquiler, importe que ser谩 abonado en un 80% con cargo al Ministerio de Fomento y en un 20% con cargo a la Comunidad Aut贸noma de que se trate.

En los supuestos en que la vivienda requiera de peque帽os gastos de adecuaci贸n para su uso inmediato, el Ministerio de Fomento podr谩 aportar hasta un 25 % de dicho coste con el l铆mite de 1.500 euros por vivienda.

脫rganos de Gesti贸n

En todas las Comunidades Aut贸nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla participantes en el programa, para el seguimiento de las actuaciones judiciales que puedan conducir a un lanzamiento o desahucio de vivienda habitual, para la formalizaci贸n de la propuesta de asignaci贸n a los beneficiarios de viviendas de estos fondos, para la proposici贸n de los contratos de alquiler que correspondan y de su eventual revisi贸n y para la remisi贸n al Ministerio de Fomento de la informaci贸n sobre la gesti贸n en su conjunto.

En ellos podr谩n participar representantes de las entidades de cr茅dito y de las organizaciones del tercer sector con actividad en el campo de la vivienda social y con experiencia en el 谩mbito de la inclusi贸n social o de apoyo a colectivos especialmente vulnerables.

Atendiendo a los informes emitidos por los servicios sociales correspondientes, los 贸rganos de gesti贸n propondr谩n a las Comunidades Aut贸nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las modificaciones que, en su caso, proceda introducir en los contratos, atendiendo a la situaci贸n del beneficiario. Estas revisiones de la situaci贸n de los beneficiarios se realizar谩n al menos una vez al a帽o desde la firma del contrato.

Beneficiarios

Las personas f铆sicas mayores de edad que hayan sido o vayan a ser objeto de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual y permanente y se encuentren en una situaci贸n de especial vulnerabilidad que les impida acceder por sus propios medios a otra vivienda.

Ser谩 de aplicaci贸n tanto a quienes hayan sido o vayan a ser objeto de lanzamiento por ejecuci贸n hipotecaria o no hipotecaria como por demanda de desahucio por impago de la renta del alquiler, aun cuando se trate de personas o unidades de convivencia que se encuentren ya acogidos a otros programas estatales, auton贸micos o locales de alquiler social o de acogimiento.

La situaci贸n de especial vulnerabilidad de los beneficiarios deber谩 ser acreditada por informe de los servicios sociales correspondientes (auton贸micos, locales o de entidades del tercer sector), que a tal fin tendr谩n en cuenta, entre otros, los ingresos de la unidad de convivencia. En ning煤n caso se considerar谩 que existe una situaci贸n de especial vulnerabilidad cuando el beneficiario o el conjunto de los miembros que integran la unidad de convivencia que habitaba la vivienda objeto de lanzamiento o desahucio tengan unos ingresos que, en conjunto, superen tres veces el IPREM, o cuando cualquiera de dichos miembros tenga a su libre disposici贸n, por cualquier t铆tulo, otra vivienda en territorio nacional.

El arrendatario quedar谩 obligado a destinar el inmueble a su vivienda habitual y permanente, y a conservar el inmueble y su equipamiento en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en que se encontraban en el momento de su acceso a la vivienda.

Necesitas ayuda por motivo de:

Deshaucio, contrataci贸n de hipoteca, deudas, dudas a la hora de alquiler o contratar una hipoteca, contacta en nuestro cuestionario.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Continuando con el modelo iniciado con el Plan Estatal 2013-颅2016, el Plan Estatal 2018颅-2021 mantiene la apuesta decidida por fomentar el alquiler y la rehabilitaci贸n con car谩cter prioritario, si bien introduce algunas modificaciones que ajustan y mejoran los planteamientos del anterior plan.

Ayudas para evitar deshaucios

Se mantiene el programa del plan anterior con base en los buenos resultados obtenidos, con el mismo l铆mite del 40% de la renta del alquiler, si bien suprimiendo el l铆mite de 200 euros/mes. Se incorpora la posibilidad de otorgar ayudas al alquiler a beneficiarios que abonen una renta de hasta 900 euros/mes, frente a la limitaci贸n de 600 euros/mes del Plan Estatal 2013颅-2016.

Incorporaci贸n del 鈥Programa de ayuda a las personas en situaci贸n de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, especialmente vulnerables, cuya finalidad es facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a todos aquellos que hayan sido o vayan a ser objeto de lanzamiento de su vivienda habitual, por no poder hacer frente al pago del alquiler o de las cuotas del pr茅stamo hipotecario, mediante la disposici贸n de un fondo de viviendas de las entidades de cr茅dito y otras entidades o particulares tenedores de viviendas.

NUEVO PROGRAMA ESPEC脥FICO DE AYUDA DIRIGIDO A LAS PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR PROCESOS DE DESAHUCIO O LANZAMIENTO.

Se trata de un programa que pone a disposici贸n de las personas que se encuentren en situaci贸n de desahucio o lanzamiento, y con escasos recursos econ贸micos, las viviendas desocupadas y disponibles de las entidades de cr茅dito, o de otros tenedores de vivienda, para ser ocupadas en r茅gimen de alquiler, previ茅ndose una ayuda econ贸mica para el mismo que puede alcanzar hasta el 100% de la renta.

Se otorgan en funci贸n del nivel de ingresos econ贸micos de las personas. Tienen, pues, como beneficiarios potenciales a todos los grupos que necesiten esta ayuda, sobre la base de un criterio universal y objetivo, como es el de la renta, sin perjuicio de los beneficiarios que se se帽alan como prioritarios, adem谩s de los que pueda considerar cada Comunidad Aut贸noma en funci贸n de la problem谩tica concreta de su territorio y de las particularidades de las ayudas al alquiler para j贸venes.

鈥 Se calculan en funci贸n de los ingresos de la unidad de convivencia, no de los individuos.

鈥 Limitan la cuant铆a de los alquileres que se financian, evitando la subvenci贸n de alquileres elevados, que no est谩 justificado que financie el Estado, sin perjuicio de abordar excepcionalmente ayudas para alquileres superiores en aquellos municipios que lo requieren.

鈥 Subvencionan una proporci贸n del alquiler, sin establecer una cuant铆a fija, para evitar efectos inflacionistas de generaci贸n de rentas adicionales superiores a las del propio alquiler.

En materia de rehabilitaci贸n se incorporan, en relaci贸n con el plan anterior, las ayudas a la rehabilitaci贸n de viviendas unifamiliares, ya sean de naturaleza urbana o rural, y las ayudas individuales a las viviendas ubicadas en edificios de tipolog铆a residencial colectiva.

Las ayudas a la mejora de la eficiencia energ茅tica constituyen un elemento central en el esfuerzo por la instauraci贸n de una econom铆a basada en bajas emisiones de carbono, de acuerdo con los objetivos del Gobierno y las previsiones y pol铆ticas de la Uni贸n Europea, que ayudar谩n a reducir la factura energ茅tica de las familias y del pa铆s en su conjunto, as铆 como a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Plan Estatal 2018颅-2021 ofrece un programa espec铆fico cuyo objeto es ayudar a que los j贸venes puedan afrontar la emancipaci贸n y la formaci贸n de nuevos hogares y acceder a una vivienda que se ajuste a sus necesidades, tanto si se opta por el alquiler como si se decide afrontar la compra de una vivienda en municipios de peque帽o tama帽o, entendiendo por tales, a los efectos del presente Plan, los de menos de 5.000 habitantes (poblaci贸n residente), de los cuales, la mayor铆a se encuentran en el 谩mbito rural.

Ello se realiza a trav茅s de ayudas que suponen una parte muy significativa de la renta mensual si se cumplen determinadas condiciones entre las que figura un precio m谩ximo del alquiler, incrementado en determinados 谩mbitos si as铆 fuere necesario.

El programa tambi茅n ayuda a la compra de viviendas localizadas en municipios de peque帽o tama帽o, es decir, de menos de 5.000 habitantes (poblaci贸n residente) a las personas j贸venes que pueden tener mayores dificultades para adquirir una vivienda en el mercado. Para ello, se establece una ayuda econ贸mica directa que se abona en aquellas adquisiciones de vivienda por parte de j贸venes que se encuentren por debajo de cierto nivel de ingresos y no sean titulares de otra vivienda, salvo en determinadas circunstancias que imposibiliten su disposici贸n.

En tercer lugar, se incrementan las ayudas a los programas de fomento de mejora de la eficiencia energ茅tica y sostenibilidad en viviendas, de fomento de la conservaci贸n, de la mejora de la seguridad de utilizaci贸n y de la accesibilidad en viviendas y de fomento de la regeneraci贸n y renovaci贸n urbana y rural, cuando los beneficiarios sean personas j贸venes.

En paralelo las personas con discapacidad, en torno a 3.000.000 en Espa帽a, seg煤n la Base Estatal de Datos de Personas con Valoraci贸n del Grado de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, requieren de una respuesta social similar capaz de atender las necesidades de viviendas adecuadas a su particularidad.

As铆, el PROGRAMA DE FOMENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ayuda a la promoci贸n de edificios y conjuntos residenciales que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para ellas, tales como asistencia social, atenci贸n m茅dica b谩sica, limpieza y mantenimiento, dispositivos y sistemas de seguridad, restauraci贸n, actividades sociales, deportivas, de ocio y culturales, as铆 como terapias preventivas y de rehabilitaci贸n, que contribuyen a mejorar su calidad de vida y que constituye un 谩mbito de actividad orientado al futuro que es necesario apoyar desde las Administraciones P煤blicas.

De entre los objetivos fijados por el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, vamos a centrarnos en el 鈥淧ROGRAMA DE AYUDA A LAS PERSONAS EN SITUACI脫N DE DESAHUCIO O LANZAMIENTO DE SU VIVIENDA HABITUAL鈥.

Es objeto tambi茅n de este programa poder ofrecer una vivienda a quienes mediante lanzamiento derivado de una ejecuci贸n no hipotecaria no puedan o no vayan a poder disponer de la que ha sido su vivienda habitual y no dispongan de medios econ贸micos para acceder al disfrute de una nueva vivienda.

Ayudas al alquiler

El momento procesal determinante para la consideraci贸n de quien vaya a ser objeto de lanzamiento o desahucio por ejecuci贸n hipotecaria o por impago de rentas de alquiler, as铆 como por lanzamiento en ejecuci贸n no hipotecaria ser谩 el anuncio de subasta o el del requerimiento judicial, seg煤n el caso.

La presunci贸n de condici贸n de vivienda habitual en el momento de la ejecuci贸n lo ser谩 si as铆 constara en la escritura de constituci贸n de hipoteca, salvo prueba en contrario.

CL脕USULAS ABUSIVAS EN LOS PR脡STAMOS HIPOTECARIOS (III).

GU脥A EXTRA-JUDICIAL PARA LA DEVOLUCI脫N DE LAS CL脕USULAS SUELO

 

Se acaba de arbitrar un cauce de car谩cter voluntario para el consumidor, que facilita que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de cr茅dito que le permita solucionar sus diferencias mediante la restituci贸n de dichas cantidades.

 

1.- 脕MBITO DE APLICACI脫N.

 

  • Se aplicar谩 a los contratos de pr茅stamo o cr茅dito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cl谩usula suelo cuyo prestatario sea un consumidor, entendi茅ndose por tal consumidor, cualquier persona f铆sica que re煤na los requisitos del art铆culo 3 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

 

  • Se entender谩 por cl谩usula suelo cualquier estipulaci贸n incluida en un contrato de pr茅stamo o cr茅dito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de pr茅stamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de inter茅s del contrato.

 

2.- RECLAMACI脫N PREVIA.

 

  • Las entidades de cr茅dito deber谩n implantar un sistema de reclamaci贸n previa a la interposici贸n de demandas judiciales, que tendr谩 car谩cter voluntario para el consumidor y cuyo objeto ser谩 atender a las peticiones que 茅stos formulen en el 谩mbito del Real Decreto-ley de 20 de enero de 2017.

 

Recibida la reclamaci贸n, la entidad de cr茅dito deber谩 efectuar el c谩lculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicaci贸n al consumidor desglosando dicho c谩lculo; en ese desglose la entidad de cr茅dito deber谩 incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. Si la entidad considera que la devoluci贸n no es procedente, comunicar谩 sus razones y se dar谩 por concluido el procedimiento extrajudicial.

 

  • El consumidor deber谩 manifestar si est谩 de acuerdo con el c谩lculo. Si lo estuviera, la entidad acordar谩 con el consumidor la devoluci贸n del efectivo.

 

  • El plazo m谩ximo para el acuerdo ser谩 de tres meses a contar desde que se presenta la reclamaci贸n. Se entiende concluido sin acuerdo:

 

  1. a) Si la entidad de cr茅dito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.

 

  1. b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicaci贸n alguna por parte de la

entidad de cr茅dito al consumidor reclamante.

 

  1. c) Si el consumidor no est谩 de acuerdo con el c谩lculo de la cantidad a devolver

efectuado por la entidad o rechaza la cantidad ofrecida.

 

  1. d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposici贸n del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

 

Las entidades de cr茅dito informar谩n a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Comunicar谩n a la Agencia Estatal de la Administraci贸n Tributaria la informaci贸n sobre las devoluciones acordadas.

 

  • Durante la sustanciaci贸n de la reclamaci贸n extrajudicial, las partes no podr谩n ejercitar ninguna acci贸n judicial o extrajudicial sobre el objeto de la reclamaci贸n. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalizaci贸n del procedimiento, se proceder谩 a la suspensi贸n del proceso hasta que se resuelva la reclamaci贸n previa.

 

3.- COSTAS PROCESALES.

 

Si el consumidor rechaza el c谩lculo de la cantidad a devolver o declinase la devoluci贸n del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial, se impondr谩n las costas a la entidad si la sentencia resulta m谩s favorable que la oferta recibida.

 

Si el consumidor interpone demanda frente a la entidad de cr茅dito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽a) En caso de allanamiento de la entidad antes de la contestaci贸n a la demanda, no habr谩 mala fe procesal. No habr谩 condena en costas para la entidad (art. 395.1 LEC)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽 b) En caso de allanamiento parcial de la entidad antes de la contestaci贸n a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podr谩 imponer la costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado econ贸mico fuera m谩s favorable que la cantidad consignada.

 

En lo no previsto se estar谩 a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

4.- R脡GIMEN DE ADAPTACI脫N DE LAS ENTIDADES DE CR脡DITO.

 

鈥 Las entidades de cr茅dito deber谩n adoptar las medidas necesarias para cumplir el Real-Decreto ley en el plazo de un mes, y estar谩n obligadas a articular procedimientos 谩giles para la resoluci贸n de las reclamaciones.

 

鈥 Las entidades deber谩n disponer de un departamento o servicio especializado que atienda las reclamaciones, y deber谩n disponer en todas las oficinas abiertas al p煤blico as铆 como en sus p谩ginas web, la siguiente informaci贸n:

 

  1. a) La existencia del departamento o servicio, con indicaci贸n de su direcci贸n

postal y electr贸nica.

 

  1. b) La obligaci贸n por parte de la entidad de atender y resolver las reclamaciones

en el plazo de tres meses desde su presentaci贸n.

 

  1. c) Referencias a la normativa de transparencia y protecci贸n del cliente de servicios financieros.

 

  1. d) La existencia de este procedimiento, de su contenido, y la posibilidad de acogerse a 茅l.

 

– Los consumidores podr谩n presentar sus reclamaciones desde la entrada en vigor del presente Real-Decreto ley. El plazo de tres meses no computa hasta que la entidad adopte las medidas necesarias para cumplirlo, o pasado un mes sin que la entidad hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente.

 

5.- MEDIDAS COMPENSATORIAS DISTINTAS DE LA DEVOLUCI脫N DEL

EFECTIVO.

 

鈥 Convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad podr谩n acordar la adopci贸n de una medida compensatoria distinta de la devoluci贸n del efectivo. En este caso la entidad deber谩 suministrarle una valoraci贸n que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince d铆as para que manifieste su conformidad.

 

鈥 La aceptaci贸n de una medida compensatoria requerir谩 que el consumidor haya recibido informaci贸n suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor econ贸mico de esta. La aceptaci贸n de la medida compensatoria ser谩 manuscrita y en documento aparte en el que tambi茅n quede constancia del cumplimiento del plazo de quince d铆as.

 

6.- GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y REDUCCI脫N

DE ARANCELES.

 

鈥 El procedimiento de reclamaci贸n extrajudicial tendr谩 car谩cter gratuito. La formalizaci贸n de la escritura p煤blica y la inscripci贸n registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad y el consumidor devengar谩 solo derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuant铆a y a una inscripci贸n m铆nima, cualquiera que sea la base.

 

7.- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CURSO.

 

鈥 En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor, en los que se

dirima una pretensi贸n incluida en el 谩mbito del Real Decreto-ley, ejercida por uno o varios consumidores frente a una entidad de cr茅dito, las partes de com煤n acuerdo se podr谩n someter al procedimiento extrajudicial, solicitando la suspensi贸n del proceso de conformidad con el Art. 19 LEC.

CL脕USULAS ABUSIVAS EN LOS PR脡STAMOS HIPOTECARIOS (II)

Momento Oportuno para su alegaci贸n durante el proceso de ejecuci贸n hipotecaria.

 

Si atendemos estrictamente a la letra de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos encontramos con que el ejecutado s贸lo podr谩 realizar dicha alegaci贸n en el tr谩mite de oposici贸n a la ejecuci贸n.

 

En el art铆culo espec铆fico sobre la oposici贸n a la ejecuci贸n sobre bienes hipotecados (695 LEC) no se establece plazo ninguno, por lo que hay que atender al establecido en el Art. 557 para la oposici贸n a la ejecuci贸n fundada en t铆tulos no judiciales ni arbitrales:

 

鈥1. Cuando se despache ejecuci贸n por los t铆tulos previstos en los n煤meros 4.潞, 5.潞, 6.潞 y 7.潞, as铆 como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el n煤mero 9.潞 del apartado 2 del art铆culo 517, el ejecutado s贸lo podr谩 oponerse a ella, en el tiempo y en la forma prevista en el art铆culo anterior (dentro de los diez d铆as siguientes a la notificaci贸n del auto en que se despache ejecuci贸n) , si se funda en alguna de las causas siguientes:

  1. 陋 Pago, que pueda acreditar documentalmente.
  2. 陋 Compensaci贸n de cr茅dito l铆quido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.
  3. 陋 Pluspetici贸n o exceso en la computaci贸n a met谩lico de las deudas en especie.
  4. 陋 Prescripci贸n y caducidad.
  5. 陋 Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente.
  6. 陋 Transacci贸n, siempre que conste en documento p煤blico.
  7. Que el t铆tulo contenga cl谩usulas abusivas.

  1. Si se formulare la oposici贸n prevista en el apartado anterior, el Secretario judicial mediante diligencia de ordenaci贸n suspender谩 el curso de la ejecuci贸n.鈥

 

Ahora bien, debe tenerse tambi茅n en cuenta que los jueces tienen obligaci贸n de examinar la posible existencia de cl谩usulas abusivas, antes de admitir a tr谩mite la demanda de ejecuci贸n.

 

Pero, 驴y si ni el juez ha realizado dicho examen ni el ejecutado se ha opuesto en tiempo y forma o no ha alegado la existencia de estas cl谩usulas, o si ni uno ni otro ten铆an a su alcance en esos momentos los elementos de prueba necesarios? 驴Debe en ese caso continuarse con la ejecuci贸n, pasando por encima de la posible existencia de cl谩usulas abusivas? 驴Precluye el plazo de alegaci贸n o de apreciaci贸n de oficio?

 

La respuesta a estas preguntas es NO. Reiterada jurisprudencia del TJUE, y m谩s reciente de nuestro TS, viene estableciendo que la protecci贸n de los consumidores en sus relaciones con empresarios hace que cualquier limitaci贸n temporal para la alegaci贸n o apreciaci贸n de oficio del car谩cter abusivo de estas cl谩usulas, choque frontalmente con la Directiva 93/13 y su esp铆ritu, por lo que debe ceder ante 茅sta.

 

Como ejemplo, la STS 705/2015, de 23 de Diciembre: 鈥2.– La jurisprudencia del TJUE es tan clara y contundente que puede afirmarse que la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la 煤nica limitaci贸n de salvaguardar los principios de audiencia y contradicci贸n. Las sentencias del TJUE permiten que el juez – 14 aun sin alegaci贸n de las partes- realice los controles de inclusi贸n, transparencia y abusividad, al margen del procedimiento o fase en que se suscite ( SSTJUE de 9 de noviembre de 2010 -VB P茅nz眉gyi L铆zing- apartado 56; de 14 de junio 2012 Banco Espa帽ol de Cr茅dito S.A.- apartado 44; de 21 de febrero de 2013 -Banif Plus Bank Zrtapartado 24; y de 14 marzo 2013 – Ruben Roman – apartado 4).

ATJUE de 17 de marzo de 2016 asunto C-613/15: La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que: sus art铆culos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, no permiten que el Derecho de un Estado miembro restrinja la facultad de apreciaci贸n del juez nacional en lo que se refiere a la constataci贸n del car谩cter abusivo de las cl谩usulas de un contrato de pr茅stamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional.鈥

STJUE de 14 de Junio de 2012 asunto C-618/10: La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio in limine litis ni en ninguna fase del procedimientoel car谩cter abusivo de una cl谩usula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este 煤ltimo no haya formulado oposici贸n.鈥

STJUE de 21 de noviembre de 2002, asunto C-473/00: La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se opone a una normativa interna que, en el marco de una acci贸n ejercitada por un profesional contra un consumidor y fundada en un contrato celebrado entre ellos, proh铆be al juez nacional, al expirar un plazo de preclusi贸n, declarar, de oficio o a ra铆z de una excepci贸n propuesta por el consumidor, el car谩cter abusivo de una cl谩usula inserta en dicho contrato.鈥

 

Puede sostenerse, por tanto, que la posibilidad de alegar, o de que el juez aprecie de oficio, la existencia de cl谩usulas abusivas, no precluye, pudiendo hacerse en cualquier momento del procedimiento, independientemente del momento procesal o de la fase en que 茅ste se encuentre.

 

Abel D铆az del Rio y Cam贸n

Abogado. ICAM: 55.114